Sobre este particular, la presidenta del colegio valenciano, María Teresa Guardiola, aseguró que esta institución "está haciendo todo lo posible para que se retire o se modifique este decreto y las instrucciones que se han dictado, porque es inconstitucional y porque afectará negativamente de manera muy directa a miles de pacientes en la Comunidad Valenciana, en clara discriminación con el resto de enfermos de otras comunidades". Y es que, según precisó, "estas disposiciones están limitando cada vez más la faceta profesional del farmacéutico comunitario y no podemos permitirlo".

 

Asimismo, la presidenta de los farmacéuticos de la provincia de Valencia añadió que "no se trata de ninguna medida de ahorro, porque para su puesta en marcha se necesitan unos protocolos, aparataje, personal y logística que va a encarecer más el proceso que su habitual dispensación en las farmacias". Además, alertó de que "rompe con la seguridad de la cadena del medicamento y confidencialidad ante los pacientes", y se preguntó: "¿Quién será el responsable del medicamento cuando llegue al paciente?".

 

 

Pacientes

 

Por su parte, los representantes de los pacientes consideran que se van a ver "gravemente afectados" por las últimas instrucciones de la dirección general de Farmacia valenciana sobre protocolos de prescripción, preparación, transporte, recepción y administración de jeringas precargadas de metotrexato subcutáneo, antipsicóticos parenterales y extractos hiposensibilizantes, basadas en este decreto de dudosa constitucionalidad, que obligan a que los pacientes se desplacen hasta los centros de salud, muchas veces en otro municipio, cuando hasta ahora los tenían a su disposición en la farmacia comunitaria más cercana a su casa. En este sentido, Elisa Tórtola, vocal de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental (Asiem) señaló que le parecía "inaudito" que la consejería de Sanidad se reafirme en que este sistema va a mejorar la adherencia a los tratamientos, cuando es todo lo contrario. "Quien ha elaborado esta norma no conoce al enfermo mental, porque cada cambio puede ser un mundo para estas personas", indicó, y añadió que nadie preguntó a los pacientes si este modelo sería bueno, "pero ya adelanto que nos parece mal. No se ha contado con la opinión de los enfermos afectados".

 

Por su parte, Carmen Fondo, presidenta de la Asociación Valenciana de Afectados por Artritis Reumatoide (Avaar) denunció la falta de información. "La verdad es que la información de la que disponemos es la que he recogido yo por mi propio interés, porque no nos han comunicado nada de ningún organismo oficial y somos los afectados, los que vamos a sufrirlo", manifestó. Al mismo tiempo, afirmó que la instrucción "tiene muchos inconvenientes para los pacientes, que nos vamos a tener que desplazar al centro de salud, en un momento dado, a una hora determinada. Nuestra calidad de vida va a cambiar, por supuesto".

 

De igual modo, los pacientes mostraron su enfado al considerar que desde la consejería se les trata como si fuesen menores de edad. "La mayoría de la gente que está utilizando estos medicamentos lo hace desde muchos años, porque además es la primera que te administran cuando te detectan artritis reumatoide, y tiene muy claro el tema de la seguridad. Sin embargo, ahora nos asaltan muchas más dudas", afirmó Fondo.

 

Igualmente, David Navarro, coordinador general de la Asociación de Miastenia de España, solicitó que se transmitiese una queja a la consejería por los problemas de acceso a sus medicamentos en las farmacias hospitalarias, donde se les están negando alegando que los inmunodepresores no están indicados en la miastenia, sin tener en cuenta el criterio y los informes de los propios neurólogos de los hospitales. "Esto no está ocurriendo en el resto de las comunidades", recordó.